El Banco Mundial estima que los flujos financieros ilícitos transfronterizos suman entre 1 y 1,6 billones de dólares al año. Según ‘Oxfam Internacional’, alrededor de 32 billones de dólares es el monto de los saldos remansados en paraísos fiscales, lo que implica que el equivalente al 40% del PIB mundial como base, escapa a la recaudación de los Estados. Ello nos da una referencia de la potencial contribución de estos fondos a la recuperación de las economías deprimidas.
Recientemente, el Gobierno español ha incluido dentro de su plan contra el fraude la identificación obligatoria, antes del 30 de abril, de las cuentas y bienes que dispongan los nacionales españoles en el extranjero. Coincidiendo con las filtraciones el 9 de Abril Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido han sellado un acuerdo piloto para el intercambio automático de información según el modelo acordado con Estados Unidos a dichos efectos, que reviste un mayor calado. Luxemburgo y Austria han manifestado su voluntad de reconsiderar su condición de jurisdicciones no cooperantes. Hollande desea abrir un frente de ataque directo para la erradicación de las mismas. Todas estas declaraciones recuerdan la Declaración del G20 en Londres, en Abril de 2009, según la cual la hora de los paraísos fiscales habría tocado a su fin.
Pero estos amagos representan gotas de agua en un océano de corrupción tolerada. Solamente una acción decidida de la comunidad internacional de naciones levantando universalmente el secreto de estas jurisdicciones del terror financiero, puede restablecer el desequilibrio de lo que constituye uno de los mayores azotes del planeta.
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