La asociación SostreCivic, ha sido uno de los tres proyectos seleccionados en España por la entidad filantrópica Ashoka -una organización mundial de emprendedores sociales innovadores- es la impulsora de las dos incipientes iniciativas sin ánimo de lucro que se están llevando a cabo en los pequeños municipios barceloneses de Santa Maria d'Olo y El Figarò, con 9 y 2 viviendas respectivamente, cuyos residentes han de pagar un depósito para acceder a la casa (que se devuelve al abandonarla) y abonar una cuota más asumible que cualquier alquiler de mercado y, por supuesto, muy lejos de las disparatadas hipotecas.
El cooperativista puede residir en la vivienda de forma indefinida y aunque no la puede vender ni realquilar, sí transmitirla a familiares de primer grado.
El actual modelo de vivienda, basado sólo en la propiedad, ha estrangulado la economía española al provocar que las familias destinen gran parte de sus ingresos a pagar el piso, lo que impide el ahorro o un consumo para otros usos.
Habitual en Alemania o Dinamarca, país escandinavo donde un tercio de los habitantes acceden a la vivienda por este sistema, con la "gestión de uso" la propiedad del inmueble -sea de nueva construcción o rehabilitada- es siempre de la cooperativa, que no se disuelve como ocurre en España una vez que se entregan las llaves, y evita así que los pisos pasen a ser de los cooperativistas y entren de nuevo en la inflexible rueda del mercado libre.
La financiación inicial para impulsar las cooperativas procede de entidades de banca ética o del Instituto Catalán de Finanzas, unas ayudas que luego se devuelven poco a poco gracias a los depósitos y cuotas recibidas de los cooperativistas.
SostreCivic apuesta sobre todo por la rehabilitación de fincas antiguas vacías, a cuyos propietarios se les ofrece un canon para que cedan el inmueble por un plazo de tiempo lo suficientemente largo, y a quien al cabo de ese periodo se les retornará el inmueble reformado.
En definitiva, se trata de una opción más barata que la compra o el alquiler, donde los cooperativistas tienen derechos similares a los de un propietario sin las ataduras de una hipoteca, la presión por la posible pérdida de valor de su vivienda o la incertidumbre por la revisión del contrato de alquiler.
Esta especie de inmobiliaria social ha puesto en marcha una lista de interesados para agruparlos por zonas, con objeto de que se sumen la cooperativa SostreCivic existente o puedan impulsar conjuntamente una independiente y comprobar la viabilidad económica.
En Cataluña se logró que la reciente Ley de Derecho a la vivienda y el Plan de Vivienda 2009-12 introdujera la posibilidad de crear este tipo de cooperativas basadas en el "derecho de uso", en general, la legislación en otras comunidades autónomas y administraciones locales no es tan favorable.
Este galimatías normativo supone una gran hándicap ya que en muchos casos se requiere que los consistorios cedan temporalmente el suelo en los que levantar viviendas -que seguirá siendo público- o los edificios a rehabilitar para convertir en viviendas.
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